Inversión de la carga de la prueba en reclamaciones por discriminación de género: ¿Están tus clientes preparados para defender sus datos?
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La inversión de la carga de la prueba supone el cambio más agresivo en la estrategia de defensa laboral de la última década. Hasta la fecha, la presunción de inocencia técnica amparaba a la organización: era la parte demandante quien debía articular probatoriamente la discriminación. Con la transposición de la Directiva (UE) 2023/970, este paradigma colapsa. El artículo 18 es taxativo: ante indicios razonables, es la empresa quien debe demostrar, mediante datos objetivos e inalterables, que su estructura retributiva es neutra.
Este giro copernicano obliga a los despachos y consultoras a replantear el asesoramiento preventivo. Ya no basta con tener un Plan de Igualdad registrado; es imperativo contar con un sistema probatorio capaz de resistir un escrutinio judicial. Como analizamos en profundidad en nuestra Guía sobre el Nuevo Marco Legal 2026, la transparencia deja de ser una buena práctica para convertirse en la única línea de defensa viable ante sanciones que pueden comprometer la viabilidad financiera y reputacional del cliente.
Cuando la empresa debe demostrar la no-discriminación (Art. 18)
El mecanismo legal es quirúrgico. Si una persona trabajadora presenta hechos que permitan presumir una discriminación directa o indirecta —por ejemplo, una estadística simple que muestre una brecha salarial en un puesto concreto—, el tribunal exigirá a la empresa que acredite que dicha diferencia obedece a factores objetivos, ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.
Aquí radica el dolor para el abogado defensor: ¿Cómo se demuestra la objetividad de un salario decidido hace tres años mediante un Excel que ha pasado por diez manos?
La defensa jurídica tradicional, basada en la testifical o en informes estáticos, pierde eficacia ante la exigencia de trazabilidad. El tribunal no pedirá explicaciones cualitativas; pedirá la "evidencia matemática" de que el Puesto A y el Puesto B no son de igual valor, o que la diferencia retributiva se basa estrictamente en el desempeño o la antigüedad, factores que deben estar parametrizados y registrados previamente. Sin una infraestructura tecnológica sólida, la empresa llega al juicio desarmada, con la carga de la prueba en su contra y sin capacidad de reconstruir la lógica de sus decisiones pasadas.
La fragilidad del Excel como evidencia forense
El uso de hojas de cálculo para la gestión retributiva, práctica habitual en la mayoría de PYMES y en no pocas grandes empresas, representa hoy un riesgo jurídico inasumible. Desde una perspectiva forense, un archivo Excel adolece de tres debilidades críticas en un proceso judicial bajo la nueva normativa:
Falta de inmutabilidad: Un dato en una celda puede ser modificado sin dejar rastro evidente de quién, cuándo o por qué lo hizo. Esto invalida su fuerza probatoria frente a la presunción de veracidad de la parte actora.
Ausencia de versionado histórico: Defender una decisión salarial de 2024 en un juicio en 2026 requiere reconstruir el escenario exacto de ese momento. Las hojas de cálculo sobrescriben la realidad, eliminando el contexto necesario para justificar la decisión original.
Subjetividad oculta: Las fórmulas manuales y las agrupaciones "a ojo" de puestos de trabajo no resisten un análisis pericial. Si la agrupación de puestos de igual valor no se basa en una metodología analítica estandarizada, la defensa se desmorona.
Blindaje tecnológico: Trazabilidad y Dato Inmutable
Para el Partner jurídico, la seguridad del cliente pasa por la profesionalización del dato. La defensa ante la inversión de la carga de la prueba requiere herramientas que generen, de facto, pruebas preconstituidas.
Un software especializado en igualdad retributiva no es solo una herramienta de gestión; es un repositorio de evidencia legal. Permite acreditar:
1. Metodología Objetiva: La Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) se realiza mediante algoritmos que aplican factores neutros predefinidos, eliminando la arbitrariedad humana del proceso.
2. Trazabilidad Absoluta: Cada cálculo, cada agrupación y cada justificación de brecha queda registrada con sello de tiempo. Esto permite al letrado presentar ante el juez no una "opinión", sino un informe de auditoría inalterable.
3. Justificación Automática: Ante una desviación superior al 5%, el sistema obliga a documentar la causa objetiva en el momento en que se detecta, creando un archivo histórico de justificaciones que servirá de escudo años después.
El abogado laboralista del futuro inmediato no solo debe conocer la ley, sino asegurarse de que su cliente utiliza sistemas que generen la munición necesaria para el litigio. La excelencia en el cumplimiento requiere herramientas a la altura del desafío procesal. Analicemos cómo potenciar tu asesoramiento y blindar a tu cartera de clientes.

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